El Zasca!!

Número 14

Octubre 2017

PRECARIEDAD,NI EN LO PÚBLICO NI EN LO PRIVADO                                         Libertad de expresión y de opinión

La revista de opinión que crea adicción

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EL CAMINO LEGAL PARA LA INDEPENDENCIA DE UN TERRITO RIO DENTRO DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO, POR SI LO QUIERE TOMAR ALGUIEN.

¿QUÉ ES EL ESTADO DE DERECHO? Un “Estado de derecho” es un modelo de orden para el país por lo cual este se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones ordenado en torno de una constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a las normas de esta. Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. Por lo tanto, toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por absoluto respeto a los derechos fundamentales” (wikipedia, sin ir más lejos). ¿Algunos políticos quieren la independencia? Porque no está claro que sea un clamor de la inmensa mayoría del pueblo catalán. Bueno, hagamos un poco de ejercicio de historia contrafáctica (1) e imaginemos que sí, que es un clamor y que el pueblo catalán masivamente sale a la calle un día sí y otro también reclamando su independencia de forma contundente. CAMINOS PARA LA INDEPENDENCIA En cualquier caso hay dos caminos: 1. A través de la ley nacional y en cumplimiento con el Derecho Internacional. 2. A través de una Revolución secesionista que puede ser: a. Pacífica. El Estado origen reconoce al estado secesionista y facilita el reconocimiento de la comunidad internacional. b. Violenta. El Estado origen se niega a reconocer nada. Hay una revuelta, incluso una guerra, en la que gana el estado secesionista y en el Tratado de Paz se reconoce al nuevo estado. NOTA: pero ¡ojo! Un estado solo existe cuando es reconocido por los demás estado si no, no será. Una revolución violenta, para que fuese un éxito, es decir, ganando una "guerra" (lo que intentaron los estados del sur en la guerra de secesión estadounidense)y una revolución pacífica sería a través del apoyo y participación activa prácticamente unánime de la población y la connivencia de otros estados (algo parecido a la Revolución de terciopelo de Checoeslovaquia para sacudirse el yugo soviético y que acabó posteriormente con la liquidación pacífica del país generándose dos nuevos estados: la República Checa y Eslovaquia). En la Guerra Civil española, un seudo-estado fabricado sobre la marcha (el bando franquista) al fracasar el golpe de estado, ganó una guerra contra un estado legalmente constituido (el bando republicano) con el apoyo internacional –la Alemania nazi y la Italia fascista- y con la inacción del resto de los estados democráticos por el miedo a un conflicto mayor que, sin embargo, finalmente no pudo evitarse. En realidad no era un proceso separatista, porque se quitó un estado democrático y se puso otro autárquico y dictatorial. Luego el periodo postguerra mundial, y la guerra fría facilitó la ‘inclusión’ del estado ilegítimo de Franco en el contexto internacional. Se dieron las circunstancias adecuadas en el momento oportuno. Franco y su proverbial ‘baraka’ (suerte) que le hizo estar en el cargo casi cuarenta años. En el marco internacional actual posiblemente ese levantamiento armado y de esa naturaleza, no habría durado ni dos días. (1) Historia contrafáctica: ¿Qué pasaría sí…? EL ALUDIDO DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN “El propio preámbulo del borrador que hemos conocido esta semana sobre una Llei del Referèndum d’autodeterminació incluye referencias a la Carta de Naciones Unidas (artículo 2), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 1), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 1) o, incluso, la propia Resolución 2625 de Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970 como instrumentos jurídicos internacionales que contemplan un pretendido derecho de libre determinación de los pueblos al que podría acogerse Cataluña, y cuyo ejercicio España debería necesariamente reconocer por tratarse de tratados internacionales ratificados e incorporados al ordenamiento jurídico nacional de conformidad con los procedimientos establecidos al efecto. 

 

Sin negar la regulación del derecho de libre determinación de los pueblos por parte de los textos internacionales ya mencionados, ni tampoco el hecho cierto de tratarse de normas jurídicas que vinculan a España, conviene tener presente que en ningún caso podemos aceptar que tal derecho puede ser alegado por Cataluña para hacer valer su referéndum. Olvidan intencionadamente quienes apelan a tales normas internacionales que las mismas condicionan el ejercicio del derecho de libre determinación a la concurrencia de una serie de circunstancias muy alejadas, afortunadamente, de la realidad política y jurídica que vive Cataluña. Por tanto, no se puede ignorar, salvo que la intención sea confundir, que la regulación internacional del derecho de libre determinación de los pueblos encuentra su verdadera razón de ser en el proceso de descolonización. Fuera de estos supuestos, sólo parece razonable aceptar la libre determinación en aquellos casos de pueblos anexionados por conquista, dominación extranjera, ocupación o pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos. Nada de lo expuesto puede ser, afortunadamente, predicable de Cataluña. Nadie discute la legitimidad de una parte del territorio de un Estado para manifestar su voluntad de negociar una reforma del marco jurídico que regula su relación con el Estado al que pertenece. Esta aspiración de naturaleza política constituye, sin duda, una expresión aceptable de ese pretendido "derecho a decidir" que tienen quienes (con)viven en un momento determinado, en un territorio determinado. Con todo, la viabilidad jurídica de esta reivindicación dependerá siempre de los cauces procedimentales que se utilicen para hacerla efectiva, algo que quienes dirigen Cataluña pretender obviar a través de iniciativas que no encuentran engarce ni en el derecho nacional, ni tampoco en el internacional”. (Fuente: eldiario.es) CAMINO LEGAL PARA LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA Y a partir de aquí mi opinión, en mi escaso pero bienintencionado saber y entender, que someto a otra mejor fundada, como no puede ser de otra manera. Si el Derecho Internacional no ampara el derecho de autodeterminación de los pueblos a Cataluña, por no cumplir los requisitos exigidos, y ni siquiera existe como tal el ‘derecho a decidir’ que tanto se esgrime como un Principio de Derecho Internacional, los pasos a seguir para alcanzar la independencia pasa indefectiblemente por el reconocimiento de dicha secesión por parte del estado español, siguiendo un protocolo legal interno y podrían ser los siguientes (dicho con todas las reservas porque debe haber tantas opiniones como expertos constitucionalistas): 1. Nuevo ejercicio de historia contrafáctica. El Gobierno Español a través de las Cortes Generales, acepta abrir la vía del referéndum, pero dentro de la legalidad vigente. Es decir, aplicando el art. 92 CE por el que el rey, a petición del Gobierno, convoca Referéndum en todo el territorio español sobre el Derecho de Autodeterminación. 2. Se establece las condiciones objetivas para aceptar el derecho de Autodeterminación con una pregunta clara y sencilla, y se establecen las condiciones y consecuencias de aceptarse dicha autodeterminación. Según la LO 2/1980 condiciones del referéndum. El escrutinio es favorable. 3. Reforma Constitucional. En concreto el art 2 CE, eliminando la palabra 'indisoluble' y añadiendo el derecho de Autodeterminación de cualquier territorio a separarse del Estado, y remitiendo a una LO que indique el procedimiento. A través del art. 169 CE. 4. Reformada la CE, proclamación de Ley Orgánica del Derecho de Autodeterminación. En el que se establecen las condiciones y consecuencias de la autodeterminación, en especial la liquidación de los derechos, obligaciones, el activo, el pasivo y la repartición del patrimonio material, asunción de deuda y que el derecho de autodeterminación es de los pueblos no de los territorios, por lo que si una población decide (a imagen y semejanza que Ley de Claridad canadiense) con el mismo porcentaje que para la independencia, no aprobar la secesión, se queda en el estado español, esté donde esté dicha localidad y su partido judicial. Por ejemplo, no es descartable que la población de Barcelona en su conjunto voten en contra de la independencia, porque nunca ha ganado las opciones independentistas ni siquiera sumando los votos. Imaginar un estado catalán sin Barcelona, uf… 5. El territorio que lo quiera activa el procedimiento de autodeterminación. Y nuevamente otra historia contrafáctica (parece una película de ciencia ficción) las localidades que lo aprueben, acceden a la independencia bajo un nuevo estado. Ojo, sea cual sea el territorio que ocupe así ser como un archipiélago de enclaves independentistas y no independentistas, dentro del territorio catalán. 6. Cumplido el procedimiento el Estado español reconoce el nuevo Estado. 7. El parlamento autonómico se disuelve para que se convoquen elecciones constituyentes. 8. El nuevo gobierno, propone una Constitución (sería coherente entender que en esta norma suprema se reconoce el derecho de autodeterminación de los propios pueblos catalanes por si quieren seguir independizándose o asociándose a otro estado, o llegado a este punto ¿ya no nos interesa el derecho a la autodeterminación? 9. Y a partir de aquí, será el nuevo estado el que establezca sus propias normas para crear las instituciones que crean necesario. El que quiera la independencia de forma pacífica y democrática de un territorio debe empezar por el punto uno y todo lo demás propaganda y marketing político, sin consistencia legal alguna. Conclusión: “Un viaje de mil kilómetros empieza con un paso” (proverbio chino). 

 

Así se blindó Canadá frente a su problema separatista. (fuente: La Gaceta) “Dentro de la célebre ‘Ley de Claridad’, Canadá incluyó una cláusula que supuso un efecto paralizante de un separatismo que venía de lograr el 49’5% de los votos en el referéndum de 1995. ¿Cuál es esa cláusula? ¿Funcionaría en España? La región canadiense de Quebec es, junto con Escocia, el espejo en el que lleva años mirándose el separatismo catalán. Es de sobra conocido que desde un punto de vista histórico, no existen paralelismos entre los casos norteamericano y británico y el español, pero el movimiento independentismo catalán insiste en tomar como modelo la gestión jurídica de aquellos conflictos. A finales de los años sesenta, a pocos meses del mayo francés del 68 y en un contexto de descolonización internacional, surge en la francófona región de Quebec (de un tamaño equivalente al de toda Europa occidental), el ‘Parti Québécois’, una formación nacionalista de corte progresista y con un objetivo muy claro: la secesión del Canadá. En sólo una década alcanzan el poder y en 1980 se organiza el primer referéndum. Contra lo que comúnmente se cree, la consulta no tenía carácter vinculante y no era propiamente un referendo de secesión. Se preguntaba a los quebequenses si concedían a la autoridad regional la autorización para negociar un nuevo y poco claro estatus jurídico de co-soberanía. La propuesta fue rechazada por casi el 59,5%% de los votantes, sin embargo ya se había establecido un precedente que en poco tiempo iba a tener una nueva réplica. Canadá atravesó días de enorme tensión: “Todos hemos resultado perdedores con esta experiencia traumatizante”, declaraba el primer ministro del país, el liberal Pierre Elliot Trudeau, padre del actual primer ministro. El referéndum de 1995, cuando Canadá contuvo la respiración Sólo quince años después, en 1995, el Partido Quebequés volvió a convocar un nuevo referéndum. Si el de 1980 proponía negociar “la soberanía-asociación” con el gobierno del Canadá, el de 1995 no resultaba mucho más claro. Proponía negociar la “soberanía” al mismo tiempo que ofertaba una “asociación opcional” al resto de Canadá. “¿Está usted de acuerdo con que Québec llegue a ser soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?”, decía la pregunta. Esta vez el resultado sí estuvo muy cerca de abrir las puertas de la secesión. Los separatistas lograron el 49,42% por el 50,58% de los partidarios de permanecer en Canadá. Menos de 55.000 votos de diferencia en una región de siete millones de personas. El independentismo quebequense salió del envite con una sensación agridulce: frustrado por la ajustadísima derrota, estimulado por haberla tenido al alcance de la mano. En una tercera votación, y observando la progresión del sentimiento independentista, la secesión estaba garantizada. La Ley de Claridad o el declive del independentismo Esta vez sí, en Otawa sonaron todas las alarmas. Canadá, uno de los países más prósperos del mundo, había estado a unos pocos miles de votos de romperse. Fue entonces cuando el Gobierno Federal emprendió el camino que a la larga acabaría por blindar la unidad nacional del país. El ejecutivo acudió al Tribunal Superemo, que en Canadá, como en muchos otros países, tiene funciones de interpretación de la Constitución (sin necesidad de un Tribunal Constitucional ad hoc). El objetivo era que el Tribunal estableciera tanto las condiciones de un más que previsible tercer referéndum como las de un posterior proceso de secesión. El fallo se conoció en 1998 y supuso el embrión de lo que dos años más tarde se conocería como “Ley de Claridad”, aprobada por el Parlamento nacional el 29 de junio de 2000. Así, Canadá se convertía en el primer Estado democrático que preveía su propia divisibilidad. Así, la llamada “Clarity Act” (“Loi de clarification” en francés) aceptó que hay medios que un Estado democrático no debe emplear para retener contra su voluntad a una determinada población concentrada en una parte de su territorio. Pero también estableció las condiciones concretas para llevar a cabo un nuevo intento de secesión. De modo que preguntas deliberadamente ambiguas como las de 1980 y 1995 quedaban excluidas de la nueva ley. A partir de ahora la Cámara de los Comunes habría de comprobar que la pregunta del referéndum resultara perfectamente clara, inteligible y abordara directamente la secesión. La ley preveía igualmente qué elementos deberían figurar en una nueva agenda de negociación, tales como la repartición del activo y el pasivo o el establecimiento por parte de la Cámara de los Comunes de una mayoría clara o “mayoría reforzada” para dar por bueno el resultado, así como un porcentaje mínimo de participación.

 

Trocear Canadá sí, trocear Quebec… también Mas de entre todo el nuevo andamiaje legal, fue lo relativo a la “nueva definición de fronteras” lo más trascendente. Lo explica el notario Fernando Rodríguez Prieto, de la asociación de juristas ‘Hay derecho’, en un interesante texto de título ‘El derecho a decidir y las comarcas. O por qué en Quebec los independentistas no quieren un referéndum’. La “Ley de Claridad”, dice Rodríguez Prieto, prevé una posible nueva definición de las fronteras, esto es: “En el caso de que determinadas poblaciones concentradas territorialmente en Quebec solicitaran claramente seguir formando parte de Canadá, debería preverse para ello la divisibilidad del territorio quebequés con el mismo espíritu de apertura con el que se aceptaba la divisibilidad del territorio canadiense”. Manifestación independentista en Quebec De manera que, conforme a la Ley de Claridad, la secesión no habría de producirse necesariamente sobre todo el Quebec. Así, si existieran en Quebec territorios en los que la proporción de partidarios de permanecer en Canadá fuera sustancial y claramente mayoritaria, Quebec, para separarse, debería aceptar desprenderse de ellos para que puedan seguir siendo parte de Canadá. Para el jurista de ‘Hay derecho’, la ley resulta perfectamente razonable: “De la misma manera que Canadá adopta una postura abierta respecto a la potencial salida de territorios con una sustancial mayoría de habitantes que no desean seguir siendo canadienses, la Provincia (Quebec) también debe aceptar desprenderse de porciones de la misma por la razón, en este caso simétrica e idéntica, de que una mayoría sustancial de su población sí desee seguir siendo canadiense”. ¿Y si trasladamos el argumento a España? Así, haciendo un paralelismo con la situación española, es fácil advertir que el litoral catalán -a excepción de Gerona- y el Valle de Arán, ambas áreas mayoritariamente contrarias a la secesión, permanecerían en España. De manera que el resultado, caso de replicar en nuestro país las leyes canadienses, supondría, a juicio de Rodríguez Prieto, “un efecto paralizante del impulso hoy desbocado del nacionalismo a la secesión. Como ha ocurrido en Quebec, donde los nacionalistas no están de ninguna manera dispuestos a renunciar a Montreal y a otras zonas trascendentales por su riqueza, cultura y valor simbólico para constituirse como un país más rural, atrasado y reducido de lo que hoy son”. Mapas de la web ‘BcnIsNotCat’ y que buscan justificar la secesión de ‘Tabarnia’ Llegados a este punto, cabe recordar que desde hace algunos años existe en Cataluña un movimiento, nacido como respuesta al proceso independentista, que busca la permanencia en España de lo que denominan ‘Tabarnia’, la suma de Tarragona y Barcelona y sus respectivas áreas de influencia, que acumulan el 80% del PIB catalán. Según la página principal del movimiento, ’Barcelona is not Cat’, Cataluña estaría formada por “dos zonas claramente diferenciadas desde el punto de vista económico, lingüístico, identitario, poblacional y social”. El nuevo proyecto, si bien aún casi limitado a las redes sociales, está ganando envergadura. Ha llamado la atención de diarios catalanes como La Vanguardia e incluso a algunos medios internacionales menores (ejemplo aquí). Y en tanto que se trataría de un área geográfica con escasa penetración del separatismo, sería susceptible de quedarse en España caso de aplicarse aquí la Ley de Claridad canadiense. Resultado: ‘hoy en Quebec hay mucho menos separatismo’ Sea como fuere, lo cierto es que desde la Ley de Claridad el independentismo en Quebec ha menguado de manera continuada (excepto el repunte de 2008) hasta ser hoy un movimiento poco relevante. Las últimas elecciones a la Asamblea Nacional de Quebec (2014) se saldaron con el peor resultado electoral en 40 años para el separatismo, obteniendo sólo 30 de los 125 escaños en liza. Precisamente el impulsor de la Ley de Claridad, el exministro quebequés Stéphane Dion acaba de conceder una entrevista a El País en la que confirma que tras la norma, “en Quebec hay mucho menos separatismo” y que la posibilidad de una ruptura del país es hoy “muy baja”. “No diré que sea imposible, que el separatismo ha muerto, pero hay muy pocas probabilidades”.

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